Cuando el Partido Socialista perdió el poder el 3 de marzo de 1996, después de 13 años de Felipismo, la cúpula del Psoe ya había introducido a todos sus hombres en los centros de Inteligencia y en los poderes de la Seguridad del Estado español.
Las cúpulas policiales y de la Inteligencia española llevan en realidad casi 3 décadas sirviendo al Psoe, ininterrumpidamente, a pesar de un paréntesis de gobierno del Partido Popular de 8 años, que creyó controlar durante ese tiempo la cúpula de la seguridad, pero solo disponía de un control parcial. Dicho de otra manera, la Inteligencia española pertenece a la órbita socialista, o como mínimo siempre ha existido otra Inteligencia Socialista paralela. En esa época primera de la inteligencia felipista se conocieron el caso Gal y Mister X.
Este es un dato que ayuda a explicar muchas cosas en muchos temas, y uno de ellos tiene que ver con el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
El ex secretario de Estado para la Seguridad informó telefónicamente a la dirección del Partido Socialista en la noche del 12 de marzo de 2004 de que, al día siguiente, se iban a producir detenciones de islamistas en relación a la masacre del 11-M.
Vera no se fiaba de su teléfono por si podía estar controlado por la Policía, así que pidió a Rodríguez Ibarra que le proporcionara medios seguros para garantizar sus gestiones. Se sabe que uno de los contactos con los que Vera estuvo hablando fué la juez francesa para asuntos terroristas Laurence Le Vert. La relación entre Vera y Le Vert venía desde la época del terrorismo de los años de plomo en los años 80.
Los políticos masones del Psoe suelen pertenecer a logias de obediencia francesa del mismo modo que los políticos conservadores suelen asociarse con logias del rito escocés. Durante la década felipista de 1980 los servicios secretos españoles y la masonería francesa gozaban de una estrecha conexión.
Angel Guerrero, un masón de muy alto grado, era un contacto valioso que utilizaba Rafael Vera con personajes clave de las autoridades francesas, como era el Ministro del Interior francés de los años 80, Charles Pascuá, grado 33 de la masonería, el Comisario francés Cathalá, responsable francés de la lucha contra ETA, y la jueza Laurence Le Vert, cuyo marido es maestre masón de grado 33 de la logia del Gran Oriente francés.
También la cúpula española de Interior contaba con un arma muy poderosa para facilitar sus estrategias en Francia: la utilización de los fondos reservados del Ministerio del Interior, que ayudaron bastante a convencer al Comisario Cathalá y a otros personajes clave y policías franceses. El contacto Angel Guerrero tampoco trabajaba gratis.
De estos hilos fraternales y de intereses recíprocos, que en su día unieron a las cúpulas de interior española y francesa, tiró Rafael Vera para obtener y gestionar información desde su despacho extremeño montado cerca de Mérida; unos hilos, que de un modo u otro, también tuvieron que ver con las extrañas informaciones que estuvo difundiendo la emisora de radio de la Cadena Ser durante todo un fín de semana negro, previo a la cita electoral.
El 11-M no es un atentado planeado unilateralmente por Francia, como alguien apunta por ahí, sino que era una conspiración a nivel internacional de la Elite Illuminati mundial, entroncado con el 11-S de Estados Unidos, pero las cúpulas de las logias masónicas Illuminati francesas sí tenían información; una información que era muy importante para el Psoe de cara a las Elecciones Generales del 14 de marzo de 2004.
Dos reflexiones finales:
- Es una lástima que la información sea utilizada partidistamente para el provecho interesado de un determinado partido político y no para el bien común.
- Mientras haya organizaciones secretas y logias masónicas illuminati manejando la información y el poder, no hay nada que hacer. Sería preciso que la Justicia persiguiera de ley este tipo de organizaciones secretas por conspirar contra la humanidad. Cosa difícil, ya que, como hemos visto, los mismos jueces y ministros están metidos hasta el cuello en las logias iluministas.
Rafael Vera vive en una residencia que es propiedad del Estado, que fué comprada con los fondos reservados del Ministerio del Interior. (Foto Alberto Cuellar, El Mundo).
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